En su informe anual, el Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo (Greta) advirtió de que "las cifras oficiales subestiman la auténtica magnitud del problema" y lamentó los pocos procesos judiciales y condenas que habido hasta el momento.
De acuerdo con su análisis, la explotación laboral "ha emergido como la forma predominante de trata de personas" en Reino Unido, Bélgica, Portugal, Serbia, Chipre y Georgia. El retrato robot de la víctima es un hombre que trabaja en la agricultura, la construcción y la pesca. Los niños y las mujeres también están afectados por esta lacra. Las mujeres, sobre todo, en labores domésticas y de asistencia y en ocasiones son víctimas de una doble explotación, laboral y sexual.
La presidenta del Greta, Siobhán Mullally, hizo notar que cada vez hay más personas que son objeto de trata para su explotación laboral, y ése es un fenómeno que ocurre dentro de los países miembros, pero también entre unos y otros, con una dimensión internacional. Mullally añadió que las víctimas "son a menudo reacias a denunciar por temor a su deportación o a las represalias de las redes criminales del tráfico de personas".
El organismo recordó los trabajadores inmigrantes "tienen a menudo acceso limitado a los recursos en casos de conflicto" y padecen "una falta de protección contra la deportación". Pasos importantes pero insuficientes "Algunos países han dado ya algunos pasos importantes en este área, pero muchos otros necesitan desarrollar sus políticas" y "trabajar más estrechamente con las ONG, los sindicatos y el sector privado para acabar con esta explotación y abuso abominables", dijo.
El Greta realiza informes de evaluación basados en visitas y en la información recibida de autoridades y ONG en 47 Estados. Son todos los del Consejo de Europa -excepto Rusia-, y también Bielorrusia, único país europeo que no pertenece a la organización. En la actualidad, está llevando a cabo en cada país un segundo ciclo de evaluación centrado en el impacto de las medidas legislativas existentes para la prevención de la trata, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los delincuentes. En el caso de España, su Gobierno contestó al cuestionario de Greta en febrero del pasado año y hubo una visita de sus expertos tres meses después. Su informe del segundo ciclo se publicará en los próximos meses.
20 minutos.es
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